ROBERTO PÉREZ ZARAGOZA
El debate parlamentario de la Ley de Lenguas será una realidad en Aragón en cuestión de meses y, para lograrlo, los socios del Gobierno regional, PSOE y PAR, ultiman un pacto que permita sacarla adelante sin generar un cisma en la coalición. El texto está pendiente desde hace diez años, desde que la Ley de Patrimonio de 1999 aprobada por las Cortes regionales incluyera estableciera que debía aprobarse otra ley para regular las modalidades lingüísticas que se hablan en esta tierra, entre las que citaba expresamente el catalán. El PP se desmarcó expresamente de esa parte de la Ley de Patrimonio, por no compartir lo que establecía respecto al catalán.
El PAR sí votó a favor junto al PSOE, pero a lo largo de los años ha sido reticente a ponerlo en práctica: la Ley de Lenguas es una obligación, debe ser aprobada para cumplir con la propia legislación aragonesa, pero es un asunto espinoso para la coalición de gobierno. El PSOE se ha decidido a encararla, después de que el propio acuerdo de coalición con el PAR lo fijara como uno de los puntos a cumplir.
Reuniones entre los socios
Frente a quienes propugnan la cooficialidad del catalán en Aragón -CHA lo hace activamente en el ámbito político-, los socialistas aseguran que no va a ser así. No habrá declaración de cooficialidad en una Ley de Lenguas que, según han subrayado desde el PSOE, «sólo va a reconocer derechos, no obligaciones; se va a reflejar en una ley lo que siempre ha existido de forma cotidiana en la calle», en los municpios del Aragón oriental.
El PSOE, ante las reticencias del PAR, y para no tener que sacar adelante la Ley de Lenguas sin sus socios -en cuyo caso tendría que apoyarse en las tesis de la Chunta-, se ha impulsado en el seno del Gobierno aragonés una ronda de negociaciones que están allanando el camino. Así lo han indicado a ABC fuentes tanto del PAR como del PSOE, aunque con matices entre unos y otros.
Si no se trunca, este pacto en torno a la Ley de Lenguas se sustanciará cuando el texto llegue a las Cortes para su tramitación. Si ese acuerdo previo entre PSOE y PAR llega a tiempo, la Ley de Lenguas se planteará ante las Cortes regionales antes de que acabe junio. De lo contrario -parece más probable-, será a partir de septiembre, tras las vacaciones de verano.
50.000 habitantes
El uso del catalán afecta al Aragón oriental, los territorios más próximos a Cataluña pertenecientes a cinco comarcas: La Litera, Ribagorza, Bajo Cinca, Caspe y Matarraña. Suman unos 50.000 habitantes.
La Plataforma No Hablamos Catalán agrupa a colectivos sociales que rechazan que esa lengua pueda considerarse propia de Aragón. Afirman que lo que se habla allí no es catalán sino modalidades lingüísticas que se han fraguado y consolidado a lo largo de siglos de historia. Advierten que si se les pone la etiqueta de catalán, sin más, esas modalidades propias acabarán fagocitadas por el catalán normalizado, el oficial de Cataluña. Además, creen que se hará el juego al nacionalismo catalán en sus aspiraciones expansionistas. Pero, frente a la postura de la Plataforma No Hablamos Catalán, la coordinadora «Aragón Trilingüe» agrupa a los colectivos que defienden que el catalán sea regulado por ley como lengua propia de Aragón. Ellos consideran que lo que se habla en el Aragón oriental es catalán, y que, por tanto, así debe incluirse en la Ley de Lenguas, junto al castellano y al aragonés.
La cuestión del nombre
Esa discusión sobre si es o no catalán lo que se habla en el Aragón oriental también se ha trasladado a las negociaciones que a este respecto mantienen PSOE y PAR. Los aragonesistas, según las fuentes consultadas por ABC, tratan de convencer a sus socios de que, en vez de citar el catalán como lengua propia de Aragón, se opte por otro término con el «sello de la tierra». Por ejemplo, que en la futura ley se hable de «catalán-aragonés» o de «aragonés oriental».
El PSOE dice que si eso es suficiente para llegar a un acuerdo, así será. «Si le quieren poner un apellido (al catalán), no va a ser un problema», indicaron a ABC fuentes socialistas. «Lo importante -subrayaron- es que la ley va a reconocer derechos, ninguna obligación». Por ejemplo, el derecho de «dirigirse a la Administración local en catalán en las zonas bilingües», explicaron.
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